La decisión de la mayor parte de las autoridades de volver a un formato híbrido o presencial responde a la evidencia del rezago en los aprendizajes y la salud mental de los estudiantes causado por esta histórica interrupción en el funcionamiento de la escuela. A nivel global, las escuelas se han tenido que trasladar a los hogares y las familias han asumido un rol protagónico en el desarrollo de una educación a distancia; con varios retos asociados. Si la educación en la región ya tenía graves problemas pre-COVID, hoy se encuentra en terapia intensiva.
A pesar de los esfuerzos heroicos de las familias, docentes y administradores, la enseñanza remota ha puesto nuevamente en evidencia la enorme desigualdad existente en la región. Para estudiantes que viven en zonas marginales o carecen de acceso a herramientas tecnológicas y apoyo de sus familias, la pandemia ha profundizado las brechas que ya los separaban de sus pares más afortunados. Cuando a esto sumamos los efectos del aislamiento en el desarrollo psicosocial de los alumnos y la terrible deserción que se estima será de 1,2 millones de niños y jóvenes, se torna urgente diseñar políticas compensatorias.
En América Latina y el Caribe, la mayoría de los gobiernos están implementando planes de retorno a instituciones educativas con varios retos asociados a lograr el cumplimiento del protocolo sanitario. La mayoría aplicará modelos mixtos que combinan la instrucción presencial con la virtual. Algunos seguirán el ejemplo de Uruguay, que desde junio de 2020 ha implementado una estrategia híbrida que privilegia la educación presencial cuando existen las condiciones necesarias.
Los meses que vienen requerirán paciencia, flexibilidad, y el cumplimiento riguroso de normas y directrices. Desde el BID, consideramos importante tener en cuenta ciertas condiciones habilitantes en la implementación de políticas públicas durante la transición al nuevo año escolar.
1. Reducir el riesgo sanitario
Se deben aplicar estrategias de reducción de riesgos sanitarios que incluyen procesos de monitoreo de la transmisión comunitaria y protocolos claros para el manejo de casos. Es vital que las familias entiendan sus responsabilidades en la detección de síntomas y la aplicación de cuarentenas, y que cada escuela cuente con los recursos necesarios para cumplir con las normas de salud. También se deben aplicar procesos para mantener “burbujas por curso” que disminuyan el contacto entre alumnos. La comunicación pública de cada aspecto del retorno a las aulas debe ser gestionada con absoluta transparencia y consistencia en los mensajes, y en estrecha colaboración con todos los medios de comunicación. Sólo así se puede lograr que la comunidad educativa en su conjunto sea consciente de sus responsabilidades, y se evite la proliferación de rumores e información falsa.
2. Adaptarse a la situación local
Las decisiones finales sobre la reapertura deben respetar la situación local. Dada la infinita variedad de contextos en los que operan escuelas públicas y privadas, los gobiernos nacionales deben permitir que entidades de nivel provincial y municipal determinen el momento y la modalidad correcta para reabrir. Políticas demasiado rígidas podrían provocar el rechazo de poblaciones locales y socavar la credibilidad de la estrategia nacional de reapertura de escuelas. Asimismo, los padres deben contar con la opción de una educación remota garantizada. La decisión final sobre la asistencia de los estudiantes recae en cada familia y no se puede ignorar que existen riesgos asociados a un retorno presencial.
3. Mejorar la educación a distancia
Se debe continuar mejorando la educación a distancia. Está claro que la escuela ha sufrido una importante disrupción a raíz de la pandemia y que hay cambios estructurales que se deben trabajar para lograr una educación ubicua de calidad. Los docentes deben contar con las herramientas y capacidades requeridas para diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Asimismo, los estudiantes deberían tener acceso a dispositivos con conectividad, recursos, plataformas y mentores de apoyo. Finalmente, se debe continuar guiando a los padres y tutores para lograr un ambiente de aprendizaje saludable.
4. Simplificar los programas
Se debe simplificar el currículo, definiendo competencias esenciales con prioridades claras y evaluaciones del progreso alcanzado. Todos los Ministerios de Educación deben preguntarse: ¿qué es razonable y primordial que aprendan los estudiantes y cómo evaluamos la brecha generada por el contexto que vivimos? Esto requerirá ajustar el calendario anual y la planificación de los docentes, otorgando flexibilidad y ofreciendo apoyo pedagógico y emocional.
5. Distribuir el presupuesto estatal de forma eficiente
Los gobiernos requieren de recursos financieros para enfrentar los retos de la pandemia y el cambio de paradigma necesario. Los presupuestos estatales deben contemplar inversiones para una educación que incorpore la tecnología y conectividad, para cumplir con los protocolos sanitarios y para apoyar a las escuelas con su infraestructuras y alimentación escolar. La situación fiscal de cada país debe estar contemplada y los esfuerzos deben centrarse también en lograr la eficiencia del gasto público. Esta tarea va más allá del Ministerio de Educación; es una tarea conjunta con otros servicios sociales orientados a combatir el desempleo y garantizar la protección social y la salud integral de las familias. Asimismo, las autoridades deben trabajar de manera coordinada para dar mayor énfasis al apoyo socioemocional y al enfoque de género.
Durante este año que inicia, los sistemas educativos deberán hacer un esfuerzo sistemático para evaluar los rezagos y vacíos en el aprendizaje que nos dejó esta interrupción, y para implementar planes para recuperar el terreno perdido.
Sería trágico si en el 2021 solo buscamos reconstruir el mundo educativo de finales del 2019. Más bien, esta debe ser la ocasión de acelerar la transformación educativa que tanto necesitamos. Un aspecto positivo de la pandemia es que se involucraron los padres y se visibilizó ante ellos el proceso de aprendizaje, y las falencias asociadas. Por ende, debemos centrarnos no solo en la reapertura de escuelas, sino que también en una reflexión profunda y participativa sobre las reformas estructurales necesarias. Aprovechemos el sentido de urgencia existente para llamar a la acción, abriendo esta conversación a la sociedad en su conjunto para así generar acuerdos entre los sectores público, privado, y la sociedad civil en pos de una educación inclusiva y equitativa. Pongamos al estudiante en el centro del aprendizaje, y construyamos una nueva escuela capaz de formar a ciudadanos del Siglo XXI.
